Cuando parecía que los precios en el mercado inmobiliario iban a bajar considerablemente de una vez por todas (no bruscamente cosa que sería perjudicial) el Gobierno anuncia, concretamente la semana pasada, una nueva inyección monetaria (20.000 millones de euros) a los bancos y cajas españoles. La intención es dotarles de liquidez, de la que carecen debido a que buena parte de sus activos son bienes inmobiliarios (no líquidos, es decir, no es “dinero contante y sonante”). La cuestión es que la venta de esos inmuebles les generaría muchísima liquidez pero, evidentemente, bajar los precios hasta el punto de que sean atractivos para los consumidores no les gusta pues perderían “el supuesto” dinero que iban a ganar (lo que no quiere decir es que pierdan realmente aunque puede que sí) ¿Qué sucede? Pues que de nuevo, las inyecciones de liquidez del Gobierno impiden la bajada del precio de la vivienda porque evitan la necesidad de vender los inmuebles acumulados por los bancos y cajas en España. Es decir, estas “ayudas” mantienen el desequilibrio de precios entre la oferta y la demanda, unos no bajan los precios y otros a ese nivel no los pueden comprar.
Si los bancos y cajas necesitan liquidez, que vendan sus activos para conseguirla pues de otro modo, el problema de fondo continuará, y es del todo insostenible una sobrevaloración de la vivienda (que es un derecho) cercana al 50%. Es decir, un precio un 50% por encima de su valor real, mantenido artificialmente. Y son las inyecciones como esta las que evitan que los precios caigan o al menos en la cuantía que lo han de hacer, pues desde que se desató la crisis han pasado 3 años y los precios han descendido un sólo 15% (en Irlanda, país que también padeció una gran burbuja inmobiliaria los precios han caído más del doble que aquí a pesar de que su sobrevaloración era mucho menor).
Hay que añadir, además, que las inyecciones de liquidez tienen un fundamento interesante, que es el de cumplir con los requisitos de Basilea III, cosa que no se han molestado en explicar qué es a pesar de que, al menos, 20.000 millones de euros de los contribuyentes irán a parar a ese fin. Sin embargo lo más grave, es pasar por alto que antes de un Basilea III (se supone que serán una serie de medidas que eviten que una crisis internacional similar vuelva a pasar) hubo un Basilea II, concretamente en 2004, tres años antes de la explosión de la crisis financiera internacional, y donde se exponía punto por punto lo que pasaría si se seguía haciendo lo que provocó la crisis. Es más, se especificaban las medidas a llevar a cabo para que esta crisis se hubiese evitado (al menos la financiera) ¿Y se qué se hizo? No hace falta decirlo.
Es del todo lícito ayudar a la banca a evitar que en el futuro sucedan acontecimientos tan nefastos como los que aun hoy en día seguimos padeciendo. Sin embargo no lo es hacerlo con el dinero de todos cuando ellos lo pueden hacer con el suyo propio.
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