Ocho propuestas urgentes para otra Europa

Ocho propuestas urgentes para otra Europa.

  

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La crisis sacude a la Unión Europea hasta los cimientos. Para varios países la soga de la deuda pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados. La patronal aprovecha la situación para lanzar una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.

La reducción del déficit público no debe hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los más ricos. Para reducir el déficit, también es necesario reducir drásticamente los gastos de armamento, así como otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, especialmente para amortiguar los efectos de la depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá romper con el productivismo, incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los bienes comunes.

Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerza favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. Desde agosto de 2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas a la actual crisis europea |1|. El elemento central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegitima de la deuda pública. Para ello, el CADTM recomienda la realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano. En determinadas circunstancias dicha auditoría deberá combinarse con la suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la auditoría es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.

La reducción drástica de la deuda pública es una condición necesaria pero insuficiente para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en diferentes ámbitos.

1. Realizar una auditoría de la deuda pública con el fin de anular la parte ilegitima

Una parte importante de la deuda pública de los Estados de la Unión Europea es ilegitima porque es el resultado de una política deliberada de gobiernos que decidieron privilegiar sistemáticamente a una clase social, la clase capitalista, y a otros sectores favorecidos, en detrimento del resto de la sociedad. La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios y sobre los beneficios de las empresas privadas, han llevado a los poderes públicos a incrementar la deuda pública con el fin de cubrir el agujero producido por esa rebaja. Así, dichos poderes públicos han aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los hogares modestos que constituyen la mayoría de la población. A eso hay que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas públicas y ha hecho estallar la deuda pública. La disminución de los ingresos provocada por la crisis que han causado las instituciones financieras privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos. Ese marco general señala claramente la ilegitimidad de una parte importante de las deudas públicas. A eso se añade, en cierto número de países sometidos al chantaje de los mercados financieros, otras fuentes evidentes de ilegitimidad. Las nuevas deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en un contexto en el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido de los bancos centrales a tipos de interés bajos para especular y obligar a los poderes públicos a aumentar las remuneraciones que éstos tienen que reembolsar. Además en países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o Irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado con condiciones que constituyen una violación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros y a las demás instituciones financieras. También por estas razones son ilegitimas. Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la voluntad popular: por ejemplo, mientras que en febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses votó contra los partidos que hicieron regalos a los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición gubernamental continúa grosso modo la misma política que sus predecesores. Más generalmente, en algunos países se asiste a la marginación del poder legislativo en beneficio de una política de hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A continuación el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso a organizar un debate sin votación en asuntos de primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una oficina de registro se refuerza.

En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de pagar por falta de liquidez y que el reembolso de una deuda ilegitima es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por la anulación de las deudas ilegitimas. Anulación cuyo coste debe recaer sobre los culpables de la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.

Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los países de Europa del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta se hace popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los irlandeses preguntados se pronunció a favor de la suspensión del pago de la deuda [«default» en inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por la suspensión del pago] titulaba el Sunday Independent, principal diario de la isla. Según el CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse a la realización de una auditoría de los préstamos públicos [con participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la deuda identificada como ilegitima. El derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para ese tipo de acción soberana unilateral de anulación/repudio.

A los países que recurran a la suspensión del pago, con la experiencia sobre la cuestión de la deuda de los países del sur, el CADTM pone en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de la deuda, que puede revelarse contraproducente. Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.

En otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria incluso para los países que se creen a salvo del chantaje de los prestamistas privados.

La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá estar compuesta especialmente por los diferentes órganos del Estado afectados, así como por auditores expertos de las finanzas públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con respecto a la auditoría, será necesario constituir una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental

En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegitimas, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura, se beneficiaron largamente. El hecho de que deban asumir el coste de la anulación no es más que una justa vuelta hacia una mayor justicia social. Es importante elaborar un registro de los propietarios de títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y medias que haya entre ellos.

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores a pagar las reparaciones y no permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia contra las autoridades que pusieron en marcha los préstamos ilegales.

En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegitimidad, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como una ampliación del período de reembolso. También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que convendría reembolsar normalmente. Por otra parte, el montante de la parte del presupuesto del Estado destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse en función de la situación de la economía, de la capacidad de reembolso de los poderes públicos y del carácter irreducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que consistía, en particular, en reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5%. |2| Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado. También hay que adoptar un marco legal para evitar que se repita la crisis que comenzó en 2007-2008 : prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, impre******ibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegales…

2. Detener los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis

De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han optado por imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con claros recortes en el gasto público: jubilaciones en la función pública, congelación e incluso rebaja de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a algunos servicios públicos vitales y de protección social, retraso de la edad de jubilación. A la inversa las empresas públicas reclaman –y obtienen- un aumento de sus tarifas mientras que el coste del acceso a la sanidad y la educación también se revisa al alza. Crece el recurso a la subida de impuestos indirectos particularmente injustos, en especial el IVA. Las empresas públicas del sector competente se privatizan masivamente. Las políticas de austeridad que se ponen en práctica se están empujando a un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. De esta forma los efectos de la crisis se duplican por los presuntos remedios que se dirigen sobre todo a proteger los intereses de los propietarios de capitales. En resumen, ¡los banqueros beben, los pueblos pagan!

Pero los pueblos cada vez toleran menos la injusticia de esas reformas caracterizadas por una amplia regresión social. En términos relativos son los trabajadores, los parados y las familias más modestas quienes más tienen que contribuir para que los Estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas las mujeres ocupan el primer puesto, ya que la actual organización de la economía y la sociedad patriarcal hace que caigan sobre ellas los desastrosos efectos de la precariedad, del trabajo parcial y mal pagado. Afectadas directamente por la degradación de los servicios sociales públicos, ellas pagan un precio muy alto. La lucha para imponer otra lógica es indisociable de la lucha por el respeto total de los derechos de las mujeres.

3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos

Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos directos sobre las rentas más elevadas y las grandes empresas. Así en la Unión Europea, de 2000 a 2008, las tasas superiores del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7 y 8,5 puntos. Esos cientos de miles de millones de euros de regalos fiscales se orientaron esencialmente hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.

Hay que diseñar una reforma profunda de la fiscalidad con el objetivo de la justicia social [reducir al mismo tiempo las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población] armonizándola en el plano europeo con el fin de impedir el dumping fiscal. |3| Se trata de aumentar los ingresos públicos, especialmente por medio del impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas [la tasa marginal sobre el tramo más elevado de renta debe llevarse al 90% |4|], el impuesto sobre el patrimonio a partir de cierto montante y el impuesto de sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una rápida rebaja del precio del acceso a los bienes y servicios de primera necesidad [alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transporte público, material escolar…] especialmente por una reducción fuerte y concreta del IVA de dichos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente gravando de forma disuasiva a las industrias contaminantes.

La Unión Europea debe adoptar una tasa sobre las transacciones financieras, especialmente sobre los mercados de intercambios, con el fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos.

Los diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de intenciones, en realidad se han negado a atacar a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla para luchar contra los paraísos fiscales [que todos los años hacen perder a los países del norte, y también a los del sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones], consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un importe equivalente. Además hay que erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco.

El fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben ponerse al servicio del ministerio de finanzas para luchar eficazmente contra ese fraude. Los resultados deben hacerse públicos y sancionar severamente a los culpables.

4. Poner en orden los mercados financieros, en especial por la creación de un registro de los propietarios de títulos, por la prohibición de las ventas a descubierto y la especulación en una serie de sectores. Crear una agencia pública europea de calificación

La especulación a escala mundial representa varias veces el total de las riquezas producidas en el planeta. Los sofisticados montajes de la mecánica financiera la vuelven totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita alteran la estructura de la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la norma. Para gravar a los acreedores en el origen, es necesario identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe acabar y se debe prohibir la especulación en toda una serie de sectores. Es conveniente prohibir la especulación con los títulos de la deuda pública, con las divisas y con los alimentos. |5| También se deben prohibir las ventas a descubierto |6| y los Credit Default Swaps se deben regular estrictamente. Hay que cerrar los mercados de contratación directa de productos derivados, que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y vigilancia.

El sector de las agencias de calificación también debe reformarse y enmarcarse estrictamente. Lejos de una herramienta de evaluación científica objetiva, esas agencias son, estructuralmente, partes interesadas de la globalización neoliberal y en varias ocasiones han desencadenado repeticiones de catástrofes sociales. En efecto, la rebaja de la nota de un país implica una subida de los tipos de interés sobre los préstamos que se le han concedido. En consecuencia la situación económica del país en cuestión se deteriora todavía más. El comportamiento borreguil de los especuladores multiplica las dificultades encontradas que pesarán todavía más duramente sobre las poblaciones. La marcada sumisión de las agencias de calificación a los medios financieros estadounidenses las convierte en actores principales a nivel internacional, y su responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha sido suficientemente aclarada por los medios de comunicación. La estabilidad económica de los países europeos se ha dejado en manos de esas agencias de calificación, sin protección, sin medios serios de control por parte de los poderes públicos. Es imprescindible la creación de una agencia pública de calificación para escapar de este callejón sin salida.

5. Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano

Tras decenios de desviaciones financieras y privatizaciones ya es hora de pasar el sector crediticio al dominio público. Los Estados deben recuperar su capacidad de controlar y orientar la actividad económica y financiera. También deben contar con instrumentos para realizar inversiones y financiar el gasto público reduciendo al mínimo el endeudamiento con instituciones financieras privadas y/o extranjeras. Hay que expropiar los bancos, sin indemnización, y transferirlos al sector público bajo control ciudadano.

En algunos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el Estado debido a las deudas puedan haber acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas que son accionistas de los bancos y que los llevaron al abismo mientras obtenían jugosos beneficios, son propietarias de una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Debe hacerse, pues, una punción en el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo la socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático. La forma en que se efectuó la nacionalización del Allied Bank irlandés es inaceptable. Hay que aprender de eso.

6. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980

Una característica de los últimos treinta años ha sido la privatización de muchas empresas y servicios públicos. Desde los bancos al sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, los gobiernos han entregado al sector privado gran parte de la economía, perdiendo al mismo tiempo toda la capacidad de regularla. Esos bienes públicos, procedentes del trabajo colectivo, deben volver al sector público. Se trata de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población para responder, en particular, a la problemática del cambio climático, por ejemplo con la creación de un servicio público de aislamiento térmico de las viviendas.

7. Reducir drásticamente las horas de trabajo para crear empleos y aumentar los salarios y las pensiones

Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza creada destinada a los trabajadores se ha reducido considerablemente desde hace varios decenios mientras los acreedores y las empresas han aumentado sus beneficios para dedicarlos la especulación. El aumento de los salarios no sólo permite que las personas vivan con dignidad, sino que también fortalece los medios utilizados para financiar la protección social y las pensiones.

Al reducir el tiempo de trabajo sin menguar los salarios y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se proporciona empleo a aquéllos que lo buscan. La reducción radical del tiempo de trabajo también ofrece la oportunidad de practicar un ritmo de vida diferente, una forma diferente de vivir en sociedad alejándonos del consumismo. El tiempo ganado para el ocio permitirá una mayor participación activa de las personas en la vida política, en el fortalecimiento de la solidaridad, en actividades de voluntariado y en la creatividad cultural.

8. Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad

Varias disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la eurozona y el BCE deben derogarse. Por ejemplo, es necesario eliminar los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohíben cualquier control de los movimientos de capitales y cualquier ayuda a un Estado en dificultades. También hay que abandonar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y más allá, es necesario sustituir los tratados actuales por otros nuevos en el marco de un genuino proceso constituyente democrático para alcanzar un pacto de solidaridad de los pueblos a favor del empleo y la ecología.

Se debe revisar por completo la política monetaria así como la normativa y las prácticas del Banco Central Europeo. La incapacidad del poder político de obligar al BCE a emitir dinero es un obstáculo muy grave. Con la creación del BCE como entidad por encima de los gobiernos y de los pueblos, la UE tomó una decisión desastrosa, la del someter a los seres humanos a las finanzas y no a la inversa.

Mientras que muchos movimientos sociales denunciaron los rígidos y profundamente inadecuados estatutos, el BCE se ha visto obligado a cambiar de opinión en lo más álgido de la crisis modificando con urgencia el papel que le había sido asignado. Por desgracia el BCE accedió a hacerlo por razones equivocadas: no porque se tuvieran en cuenta los intereses de los pueblos, sino para preservar los de los acreedores. Es la prueba evidente de que hay que barajar y repartir las cartas de nuevo. El BCE debe tener el poder de financiar directamente a los Estados que desean lograr los objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades básicas de la población.

En la actualidad, actividades económicas muy diferentes, como la inversión en la construcción de un hospital o un proyecto puramente especulativo, se financian de manera similar. El poder político debe, al menos plantearse, imponer costes muy diferentes a unos y otros: los bajos tipos de interés se deben reservar para inversiones socialmente justas y ambientalmente sostenibles, mientras que las tasas muy altas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exige, deben aplicarse a las operaciones de tipo especulativo siendo también deseable que pura y simplemente se prohíban en ciertos sectores [véase más arriba].

Una Europa basada en la solidaridad y la cooperación debe dar la espalda a la competencia y la rivalidad que nivelan «por abajo». La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y ha revelado su fracaso. Dicha lógica ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleo, menos servicios públicos. Los que se han beneficiado de esta crisis lo han hecho pisoteando los derechos de la mayoría. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, comenzando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debe atacarse directamente: no se puede sostener. El objetivo prioritario debe ser otra Europa basada en la cooperación entre los Estados y la solidaridad entre los pueblos. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales no deben ser uniformes, ya que las economías europeas presentan grandes diferencias, pero hay que coordinarlas para que finalmente surja una nivelación «por arriba». Hay que imponer políticas globales a escala europea que incluyan inversiones públicas masivas para la creación de empleo público en áreas claves [de los servicios comunitarios a las energías renovables, de la lucha contra el cambio climático a los sectores sociales básicos].

Esta otra Europa democratizada debe, según el CADTM, trabajar para imponer principios no negociables: el fortalecimiento de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a elevar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, el desarme y la reducción radical del gasto militar [incluida la retirada de las tropas europeas de Afganistán y la salida de la OTAN], optar por energías sostenibles sin recurrir a la nuclear, rechazo de los organismos modificados genéticamente [OGM]. También debe acabar resueltamente con su política de fortaleza sitiada frente a los inmigrantes y convertirse en un socio justo y verdaderamente solidario con los pueblos del Sur del planeta.

Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y Caty R.

EL INEVITABLE COLAPSO DEL DOLAR

KAOSENLARED.NET -- Las nuevas caras del capitalismo mafioso

Las nuevas caras del capitalismo mafioso 

Ponencia del Dr. Roberto Scarpinato, Procurador General de la Corte de Apelaciones de Caltanissetta, presentada en Bruselas los días 29 y 30 de marzo durante los debates del Parlamento Europeo, titulada: «Hacia una estrategia europea para combatir el crimen organizado trasnacional».

Roberto Scarpinato | Rebelión | Hoy a las 17:49 | 

Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y revisado por Caty R.

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una estrategia eficaz contra la propagación de la criminalidad organizada a nivel mundial está constituido por losprejuicios culturales que continúan dominando a la opinión pública y a los políticos de muchos países.

El primer prejuicio cultural es creer que el crimen organizado, aunque constituye un peligro a tener en cuenta, todavía es algo propio de pequeñas minorías de individuos que trabajan en los sórdidos submundos de la mala vida, en un mundo separado, diferente de aquel en el que nosotros, honestos ciudadanos, vivimos todos los días.

Se cree, por lo tanto, que la sociedad civil de los países europeos con democracia desarrollada tiene ya los anticuerpos adecuados para prevenir la propagación de la mafia.

También es un concepto generalizado la equivocada opinión de que las mafias son un fenómeno en los países del mundo donde están históricamente arraigadas, y que para evitar el peligro de la propagación de sus actividades delictivas en otros países, es suficiente con una adecuada supervisión represiva y la mejora de la calidad de la cooperación internacional entre las autoridades judiciales y policiales.

Por desgracia, la realidad es muy distinta.

El mundo de la delincuencia transnacional y el mundo de la gente normal son dos caras de una misma moneda; es más, se alimentan mutuamente.

Aquello que creemos combatir fuera de nosotros se encuentra dentro de nosotros, en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos conscientes de ello.

Para entender esta circunstancia elemental, basta con considerar que el crimen organizado ofrece una variedad de bienes y servicios ilegales a los consumidores que lo consienten.

En cuanto a los bienes, proporciona drogas, seres humanos para la prostitución, la esclavitud y la explotación laboral, las armas y la pornografía infantil.

En el sector de los servicios proporciona capital de inversión, gestión de residuos tóxicos ilegales y nocivos para el medio ambiente, facturación falsa para evadir impuestos y facilita, usando la violencia o la corrupción, la obtención de licencias y concesiones por parte de la autoridad pública.

Los señalados sólo son algunos ejemplos entre los muchos sectores del extenso mercado de las actividades ilegales en todo el mundo.

El suministro de estos bienes y servicios ilegales es la resultante de la existencia de una fuerte demanda por parte de la sociedad civil

Los delincuentes existen y prosperan porque millones de ciudadanos quieren comprar bienes y servicios ilegales. Ellos son el espejo que refleja los vicios secretos de muchas personas comunes en los países más diversos del mundo.

De esta manera, la mayor parte de la actividad criminal se puede calificar como un fenómeno de mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda.

La demanda de bienes y servicios ofrecidos por la mafia ha tomado dimensiones macroeconómicas, que ya no se pueden controlar con las herramientas del derecho penal, como consecuencia de la globalización económica que ha ampliado extraordinariamente el número de consumidores finales de los productos ofrecidos.

A propósito de las relaciones estructurales entre la dinámica del mercado global y el incremento de la delincuencia trasnacional, me limitaré a señalar dos ejemplos que atañen al mercado de las drogas y de la prostitución.

A finales de los años ochenta el mercado mundial de cocaína estaba limitado sólo a los países occidentales y ya estaba saturado, tanto que los precios de la droga se había reducido para ponerla al alcance de nuevos consumidores en los segmentos más pobres de la población.

Ahora la situación ha cambiado por completo, como resultado de la globalización al abrirse nuevos mercados con un gran potencial de consumidores.

El nacimiento en China de una nueva clase media acomodada con más de 250 millones de personas que aspiran a un tipo de consumo al estilo occidental y el crecimiento progresivo de la renta media en la población de Europa del Este y en los países emergentes, han sentado las bases para el desarrollo de un nuevo mercado global de consumidores de drogas, que se estima que llegará a un 15% de la población mundial en las próximas dos décadas.

La expansión global y en tan poco tiempo del mercado de estupefacientes en todo el mundo, volvería impotentes las estructuras penales represivas a pesar de todos los esfuerzos de la cooperación internacional, habida cuenta de que todas las políticas de erradicación de las plantaciones han sido ineficaces.

Los ingresos derivados del mercado mundial de las drogas experimentarán un salto tan grande que darán a las organizaciones delictivas transnacionales una porción enorme de riqueza, y por lo tanto de poder global, mayor que la de los Estados y las multinacionales más grandes.

La consiguiente transformación en términos políticos de semejante poder económico supondría la construcción de una nueva jerarquía, de facto, entre las potencias del mundo.

Por esta razón, algunos predicen que la política de liberalización de las drogas será, tarde o temprano, un resultado inevitable impuesto por la desproporción de fuerzas.

Este primer ejemplo ayuda a entender que las estrategias para enfrentar a la delincuencia transnacional deberían articularse en varios niveles, dependiendo de la evolución de las dinámicas macroeconómicas y macropolíticas, de manera realista y teniendo en cuenta que la delincuencia transnacional se ha convertido en uno de los actores del gran juego del poder en el mundo.

Un segundo ejemplo es el mercado de la prostitución

Hasta finales de los años ochenta, la oferta de mujeres para la prostitución se limitaba al mercado nacional aprovechando los recursos locales, por lo que esta área no la gestionaba el crimen organizado sino, principalmente, delincuentes individuales o pequeñas organizaciones que operaban en pequeñas porciones de territorio.

En los años noventa, la repentina entrada en el mercado ilegal de la prostitución de cientos de miles de mujeres de Rusia y de Europa del Este, reducidas a la pobreza por el repentino colapso del imperio soviético -que en el pasado garantizaba el trabajo femenino para el 80% de las mujeres-, así como de las mujeres de los países africanos, ha provocado una revolución en este segmento del mercado que ha dado lugar a un cambio radical en los protagonistas del crimen y en su producción ilegal.

El aumento de la oferta se ha visto acompañado por un incremento cada vez más importante de la demanda en los países occidentales, incluso en países como Israel, donde la oferta de prostitutas era muy reducida, siendo suficientes los recursos locales.

La necesidad de administrar el tráfico a escala industrial, en el que están implicados diferentes países -aquéllos donde se reclutan las mujeres, los de tránsito y los de destino final- ha dado lugar a una división internacional del trabajo entre las mafias de varios países que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción y de valor añadido.

Así las mafias rusas, búlgaras y rumanas se dedican a la contratación de mujeres en los países de origen.

La delincuencia de los Balcanes está especializada en el tránsito y el transporte hacia varios países occidentales.

En países como Italia, donde existen mafias locales que controlan el territorio, se llega a acuerdos económicos y de intercambio entre las mafias locales y las extranjeras

La ‘Ndrangheta (1) calabresa se ha especializado en ofrecer un servicio a las mafias extranjeras que consiste en el blanqueo del dinero producto de la prostitución y reteniendo un porcentaje de ese dinero blanqueado.

A raíz de esta reestructuración extraordinaria del mercado de la prostitución, los criminales comunes que antes manejaban la prostitución local con métodos artesanales fueron desplazados por las poderosas mafias internacionales y utilizados como mano de obra barata.

Este fenómeno es interesante porque muestra que incluso el mercado ilegal está dominado por «la misma dura selección darwiniana» que caracteriza a la competencia en el mercado legal.

Como es sabido, en los sectores más lucrativos de la economía legal el mercado ha sido conquistado, y por lo tanto dominado, por oligopolios económicos cada vez más poderosos que han engullido e incorporado a las empresas más pequeñas.

De la misma manera, en el mercado ilegal las mafias transnacionales -que pueden compararse con grandes oligopolios criminales- van fagocitando progresivamente e incorporando la delincuencia común expulsada por la fuerza de los sectores más rentables.

Esa «selección evolutiva de las especies» sugiere que el crimen organizado está destinado a convertirse poco a poco en la forma criminal estable y dominante del tercer milenio en todos los países del mundo.

Los ejemplos básicos señalados hasta aquí demuestran cuán lejos de la realidad están los prejuicios culturales que he mencionado al principio de mi informe, ya que esos prejuicios reducen las mafias a simples fenómenos locales derivados de peculiares condiciones ambientales.

Esta tendencia histórica inevitable está determinando una revolución en el universo del crimen que gira menos en torno al individuo y cada vez más en torno a las organizaciones, insensibles a la suerte de sus componentes individuales y a la apropiación de pequeñas porciones de la facturación ilegal global.

El viejo derecho penal de la gente parece destinado a convertirse en un derecho de la pre-modernidad, reservado sólo a las formas tradicionales de la delincuencia, mientras que el nuevo derecho penal de las sociedades, todavía en lenta gestación, aparece sólo como una de las palancas de una estrategia global en múltiples niveles que, para abordar los fenómenos descritos, deberá operar simultáneamente en diferentes planos, actuando en el nivel macropolítico y macroinstitucional.

Sobre este punto volveré en la parte final de mi informe.

Los ejemplos presentados hasta ahora conciernen a las relaciones de mercado, al intercambio consensuado entre los miembros de la delincuencia organizada y los millones de ciudadanos «normales» que son los consumidores de bienes y servicios ilegales.

Mucho más complejas son las relaciones y la colusión de intereses entre la mafia y las empresas que operan en el mercado legal y que han dado lugar no sólo a relaciones de intercambio, sino también a la creación de un capitalismo mixto, constituido por la fusión de capitales legales e ilegales, que se está convirtiendo en un componente estructural importante del capitalismo mundial.

En este sentido, la experiencia italiana ha puesto de manifiesto que el fenómeno no es exclusivo de Italia, aunque allí se muestra la vanguardia de una tendencia internacional.

Hasta hace unos años, en Italia había una difundida aunque equivocada idea de que la comunidad empresarial era la víctima, con pocas excepciones, de la delincuencia organizada que exigía, por medio de la violencia y la intimidación, el pago de sobornos, el empleo de mano de obra y la concesión de subcontratos.

Los empresarios acusados de complicidad se defendían admitiendo que se vieron obligados a ceder a las exigencias de la mafia para salvarse a sí mismos y a sus empresas.

Pero las revelaciones de muchos antiguos mafiosos convertidos en colaboradores de la justicia y la evidencia recogida por medio de escuchas telefónicas y ambientales han sacado a la luz en los últimos veinte años una realidad del mundo empresarial mucho más compleja.

Junto a la categoría de víctimas, también hay un montón de empresarios que aplicaron los métodos mafiosos para ganar posiciones de dominio en el mercado.

En particular en diversos procesos relacionados con la mafia siciliana, se ha encontrado que en sectores líderes de la comunidad empresarial, cuyos exponentes a menudo han desempeñado también un papel de liderazgo en las diversos asociaciones de empleadores, han utilizado sus relaciones políticas y sus relaciones con la mafia tradicional para convertirse en reguladores de amplios sectores del mercado de acuerdo con la lógica del oligopolio.

En esos sectores han formado cárteles de empresas que gestionan toda la cadena productiva.

La dirección de estos cárteles que operan en diferentes partes del territorio y en los diversos sectores del mercado, de acuerdo con una división de esferas de influencia, es asumida por los empresarios que tienen la función de fungir como«hombres bisagra» entre los políticos y la mafia, dictando las normas de ingreso, fijando los precios, imponiendo condiciones a la mano de obra, señalando a los proveedores, etc.

La mayoría de los empleadores han aceptado estas estructuras por varias razones:

En primer lugar, porque las numerosas empresas que participaron en los cárteles se han convertido en parte de un sistema sustancialmente proteccionista que elimina los costos y riesgos de la competencia, asegurándose el reparto del mercado y el beneficio de acuerdo con un sistema de rotación interna.

En segundo lugar, porque rebelarse contra los líderes de los cárteles es exponerse a una doble venganza: la política y la mafiosa.

La venganza política consiste en el ostracismo para las empresas díscolas a las que se excluye de la posibilidad de obtener financiación pública del Estado o del gobierno europeo, dirigido por los políticos, y en ser sancionadas de diversas maneras por las burocracias administrativas que niegan la autorización de los pagos o los retrasan hasta llevar a determinadas empresas al riesgo de quiebra.

La represalia mafiosa consiste en el uso de la violencia física contra los pocos que se atrevieron a rebelarse, algunos de los cuales han sido asesinados y otros han sufrido graves daños.

La mezcla de intimidación política y mafiosa ha asegurado a unos pocos empresarios posiciones dominantes.

Estos cárteles se definen como «estructuras criminales» porque son una compleja red ilegal a la que pertenecen sujetos de mundos diferentes -políticos, empresarios, profesionales, mafiosos tradicionales– que se comunican mediante los «hombres bisagra».

Los diferentes elementos de la estructura criminal desarrollan tareas distintas en función de las competencias específicas y de los recursos disponibles para ello.

Los políticos controlan el flujo de gasto público y de las aprobaciones administrativas. Los empresarios manejan el acceso al mercado, los mafiosos lavan capitales ilegales, participan en los negocios y proporcionan la fuerza física para eliminar los obstáculos que no se pueden eliminar con métodos incruentos.

La participación concertada de los diferentes recursos -políticos, económicos y militares- crea poderosas estructuras sociales que pueden condicionar a sectores enteros de la vida pública y controlar grandes sectores del mercado.

Hasta principios de los Noventa, las estructuras criminales habían operado principalmente en la construcción y la contratación pública, acaparando cerca del 90% de los contratos y encareciendo enormemente el costo de las obras públicas.

La eliminación de la competencia en la forma indicada anteriormente garantizaba a las empresas la consecución de las licitaciones públicas con un mínimo de rebajas: hasta un 1% o 2%. La complicidad del mundo político y administrativo también permitía lograr significativos aumentos en los precios, aprobando continuas variaciones de costos de obra o ejecutando dichas obras con materiales de mala calidad o de calidad inferior a la prevista en el contrato.

Los beneficios adicionales así obtenidos se dividían según porcentajes preestablecidos -determinados entre los diferentes participantes- entre los políticos, los profesionales, los empresarios y los mafiosos.

Como resultado de recortes de gastos impuestos por el Tratado de Maastricht, el gran negocio de los contratos públicos se fue reduciendo más y más. Al mismo tiempo, los riesgos penales habían aumentado porque una parte del empresariado -aunque todavía es una minoría- tomó posiciones contra los miembros de los grandes oligopolios y la acción del poder judicial se ha vuelto más eficaz. Además, se aprobaron recientemente leyes que establecen controles estrictos a las empresas que obtienen contratos de obras públicas: Todos los pagos deben hacerse sólo a través de cuentas bancarias dedicadas y marcadas.

Pero la economía, tanto la legal como la ilegal, ha seguido evolucionando a un ritmo muy por encima de la ley.

Así, a principios del tercer milenio, mientras que la acción del poder legislativo y del poder judicial comenzó a centrarse en este sector, el capitalismo mafioso ya había tomado otros caminos, la inversión en nuevos sectores de la economía virtual y en el mundo financiero.

La necesidad de resumir me impide hacer un inventario de las múltiples nuevas áreas de inversión, como las energías alternativas, las redes de supermercados, la medicina privada de alta tecnología y el tratamiento de los residuos.

Lo que es interesante a la luz de investigaciones más recientes, es que las estructuras criminales no han desaparecido sino que, como en una especie de «selección de las especies», han evolucionado adoptando técnicas de inmersión y ocultamiento que las hacen menos visibles.

El componente político-administrativo sigue desempeñando un papel esencial en la disposición de los fondos públicos reservados para las empresas pertenecientes a las diferentes estructuras criminales y en la creación de posiciones de oligopolio mediante una gestión racional de las licencias administrativas necesarias para iniciar actividades comerciales en muchas áreas, como por ejemplo la producción de energía alternativa.

Recientes investigaciones judiciales han permitido comprobar que, en Sicilia, esos sectores están controlados directa o indirectamente por unos pocos contratistas que trabajan ocultos detrás de una multitud de empresas.

En junio de 2010 se decomisaron activos por valor de casi 1,5 millones de euros a una de estas personas perteneciente a grupos de oligopolios que, según la fiscalía, actuaba como enlace entre la mafia y el lobby financiero internacional que gestionan, además de capitales legales, la obtención de inversiones de la mafia italiana, de los grupos japoneses Yakuza y de la mafia rusa en el sector energético italiano.

Es interesante señalar, con el fin de comprender la prolongación de la actividad delictiva a través del tiempo, que ya en 1995 esta misma persona fue declarada culpable de haber pagado sobornos por valor de tres mil millones de liras a los Consejeros de la Región de Sicilia y a los burócratas. Esos sobornos representaban el 10% de un contrato de treinta mil millones de liras de fondos públicos para la instalación de sistemas fotovoltaicos.

También, para demostrar la continuidad en el tiempo de las estructuras criminales, cabe señalar que en marzo de 2011 fue detenido un diputado de la Región de Sicilia, miembro de la Comisión de Actividades Productivas, mientras estaba recibiendo un soborno de un contratista de la industria fotovoltaica para eliminar una serie de obstáculos burocráticos creados artificialmente con el propósito de impedir las actividades de la empresa.

Las investigaciones en otras regiones italianas han revelado la existencia de otras estructuras criminales que operan de forma similar y a las que pertenecen empleados jerarquizados que incluyen a hombres conectados con las organizaciones mafiosas.

Las estructuras criminales son la señal de una peligrosa y progresiva conexión entre el mundo empresarial y el mundo de la corrupción, llenos de gente sin escrúpulos interesada en la obtención del máximo beneficio personal de los cargos públicos que ocupan, y el mundo de la mafia de cuello blanco, integrado por personas altamente educadas.

La combinación del abuso del poder público y el abuso del poder privado de las mafias es la nueva fórmula ganadora.

En Italia el fenómeno se ha agravado cada vez más en los últimos veinte años porque en muchos aspectos se ha ampliado la discrecionalidad política-administrativa, exenta de controles por parte de los organismos superiores, y convertida en impenetrable para el poder judicial.

Así, se ha creado un área muy amplia de opacidad en el sector público, que ofrece una amplia cobertura para el crecimiento vertiginoso de la ilegalidad.

La Sindicatura de Cuentas ha estimado que el volumen de negocios anual de la corrupción en Italia ha alcanzado la cifra de sesenta mil millones de euros.

Debido a la impenetrable conspiración de silencio que domina el mundo de los trabajadores de cuello blanco, el poder judicial ha sido capaz de sacar a la luz muchas historias de corrupción casi siempre gracias a las escuchas telefónicas y ambientales.

En resumen, la corrupción se ha convertido en la principal zona de penetración de la mafia en las instituciones y en la economía, así como el lugar principal en el que construir las alianzas entre políticos, funcionarios, empresarios y mafiosos de élite que dan vida a las estructuras criminales.

En el panorama italiano, desde el norte hasta el sur, las estructuras criminales se están convirtiendo en los nuevos actores emergentes en la escena del crimen nacional, sustituyendo progresivamente a la mafia tradicional en el segmento superior del mercado ilegal, cuya gestión requiere diferentes habilidades en múltiples niveles.

Dejan a las mafias tradicionales aquellas áreas de mayor riesgo penal como el tráfico de estupefacientes, la exacción violenta de recursos por la extorsión, así como sectores del mercado de baja tecnología o en vías de extinción como la construcción.

Por supuesto esto es dibujar a grandes trazos las líneas generales del fenómeno, porque la realidad del mismo tiene una tipología muy variada.

Particularmente interesante, porque refleja una evolución no sólo italiana sino europea e internacional, es la proliferación en las regiones del norte de Italia del fenómeno de la fusión entre el capitalismo legal y el capitalismo mafioso, así como la expansión de la estructura criminal.

Durante muchos años se creyó que la mafia era un fenómeno exclusivo de las regiones del sur, y que las tradiciones cívicas y la cultura de mercado de las regiones del triángulo industrial del país eran buenos anticuerpos contra la propagación de la mafia en esas zonas.

Esta creencia se basaba en el prejuicio cultural -muy extendido en los medios de comunicación- de que la mafia estaba formada sólo por individuos groseros e ignorantes que realizaban actividades predatorias por medios violentos.

En realidad, el nuevo capitalismo mafioso se presenta con el aspecto tranquilizador de administradores y empleados de oficina que ofrecen a las empresas una variedad de servicios ilegales muy atractivos, ya que permiten concretar una serie de grandes ahorros sobre los costos de producción y obtener beneficios adicionales.

Para limitarnos sólo a unos pocos ejemplos, basta pensar que las empresas mafiosas ofrecen la eliminación de residuos a precios reducidos hasta un 50% en comparación con los precios de mercado, porque funcionan con métodos ilegales de vertidos prohibidos y dañinos para el medio ambiente

Consideremos el caso de que deba derribarse un edificio de diez plantas que contiene una gran cantidad de amianto para construir un nuevo rascacielos en su lugar.

La empresa mafiosa ofrece una reducción de costos a la mitad para derribar el edificio porque eliminará los materiales resultantes, incluido el amianto, de manera ilegal.

Además las empresas mafiosas, cabezas de cientos de empresas que operan también en el extranjero, trabajan como «cárteles» ofreciendo a las empresas legales facturas por transacciones inexistentes que permiten la evasión de impuestos por montos muy elevados, a veces millones de euros. Los beneficios así obtenidos se reinvierten en parte en las empresas y en parte para crear fondos negros para la corrupción tanto a nivel nacional como internacional.

En una investigación de febrero de 2010, que terminó con la detención de cincuenta y seis personas, se encontró que una estructura criminal compuesta por directivos de multinacionales de telecomunicaciones que cotizan en bolsa y hombres de negocios vinculados a la ‘Ndrangheta, habían realizado entre 2003 y 2006 un complejo fraude fiscal administrando 2.200 millones de euros y perjudicando al fisco por 370 millones de euros.

Parte de este dinero había acabado en manos de la 'Ndrangheta, que había falsificado miles de votos consiguiendo que se eligiera en el Parlamento a un senador dispuesto a cuidar los intereses de la organización a nivel estatal. De esta estructura criminal también formaban parte miembros de las fuerzas policiales que proporcionaban información confidencial y obstaculizaban la investigación.

Entre otros servicios ofrecidos por el negocio de la mafia, también está la reducción de los costes laborales, ya que los empleados se ven obligados a devolver hasta el 30% del importe de su salario.

En los procesos penales de julio de 2010 se comprobó que una gran empresa con capital mixto –legal y mafioso- durante muchos años había obligado a sus 1.500 empleados a devolver cada mes el 30% de sus salarios, acumulando así, gracias a la complicidad del el mundo de la banca, varias decenas de millones de euros transferidos al extranjero.

En otro caso en 2010 se estableció que los gerentes de una empresa que forma parte de un holding multinacional, que cotiza en la Bolsa y opera en el sector de la construcción, había firmado estrechos acuerdos con la mafia, incorporando a su propio plantel de dirigentes a líderes mafiosos y elaboró sus marcos de gestión contando también con líderes de la mafia. Con esos acuerdos se pretendía lograr un progresivo control del mercado en la región y la empresa había obtenido muchísimos beneficios al proveer grandes cantidades de hormigón debilitado (es decir, sin la cantidad de cemento mínima de 30 Kg. por m3) para la ejecución de obras públicas. Una porción de las ganancias se entregó a la mafia siciliana a través de un sistema de facturas falsas.

También hay que tener en cuenta que las mafias ofrecen el aporte de capital que permiten a las empresas legales efectuar nuevas inversiones sin gastos, accediendo a liquidez sin costes bancarios, capitales especialmente atractivos especialmente en un momento de crisis económica y de fuerte competencia internacional.

La mezcla de capitales legales e ilegales se basa en un beneficio mutuo y sin maneras agresivas.

En los territorios del Centro-Norte, los miembros de la delincuencia organizada a menudo se limitan sólo a la adquisición de acciones como participación minoritaria.

Lo que importa es reciclar el dinero, propagar el capital de la mafia en un gran número de empresas en el territorio y crear una tupida red de complicidad entre los involucrados de diferentes maneras en los negocios ilegales.

Esto creará un clima general de conspiración para mantener el secreto sobre la colonización encubierta de áreas enteras del territorio por los mafiosos.

Secreto que llega al punto de cubrir la clásica extorsión aplicada en perjuicio de las pequeñas empresas que operan en esos mismos territorios.

En un proceso penal, que en marzo de 2011 condujo a la detención de treinta y cinco miembros de la 'Ndrangheta en Lombardía, el juez del Tribunal de Milán que emitió la orden de prisión preventiva en la cárcel, escribió literalmente, «La empresa mafiosa ha alcanzado un preocupante nivel de aceptación social» en el sentido de que «las ventajas de las que gozan esas empresas mafiosas no son (casi) nunca estigmatizadas por las empresas sanas, que prefieren sufrir en silencio o hacer negocios con los acusados a presentar una queja».

Un empresario que ha trabajado durante varios años en Lombardía me dijo que el silencio de muchas empresas no significa actuar en connivencia con la mafia, sino que también se deriva de la conciencia de no estar en regla con la ley en varios aspectos: por la evasión fiscal, el incumplimiento de la normativa laboral, violaciones de las normas de seguridad laboral, etc.

Estas empresas que trabajan fuera de la ley se convierten en carne de chantaje de las organizaciones mafiosas que, por tal motivo, saben que puede contar con su silencio.

El ley del silencio de la mafia que parecía ser una característica cultural de Sicilia y otras regiones del sur, se extiende así también en el norte del país, alimentándose en parte de algunas de las ventajas económicas que he señalado, en parte de una subestimación cultural de un público que sigue creyendo que la mafia es sólo aquella que dispara y que los incidentes de violencia que a veces salen a la luz son hechos aislados.

Y también, en parte, preocupa revelar la realidad de la presencia de la mafia en esos territorios porque es negativo en términos de marketing local.

En una reciente investigación periodística de la primera red de TV del Estado, sobre la difusión de la mafia en el norte, los periodistas han tenido serias dificultades para encontrar empresarios de esa área dispuestos a dejarse entrevistar sobre esta cuestión.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Reggio Emilia, una ciudad que se encuentra en una de las regiones más ricas del país, dijo a la prensa que durante un decenio había tratado en vano de convencer a los políticos y funcionarios de que en esa zona las empresas mafiosas estaban conquistando varios sectores del mercado como el transporte, la construcción y la eliminación de residuos, ofreciendo precios competitivos fuera del mercado que ponían de rodillas a las empresas legales.

Y los políticos y los funcionarios le respondieron que los propietarios de esas empresas eran administradores bien educados, que estaban ofreciendo servicios y contratos con costos bajos beneficiando a la comunidad y que eran muy sensibles a las necesidades de la ciudad, ya que financian exposiciones de arte y otros eventos culturales.

Pero el aspecto más preocupante que se desprende de las investigaciones en las regiones Centro-Norte del país, es la relación triangular entre los ejecutivos de la mafia, los empresarios y los políticos y funcionarios locales.

Son crecientes las investigaciones que demuestran el crecimiento y la propagación en aquellas zonas de la estructura criminal nacida de la unión estable de intereses entre el mundo de la corrupción política-administrativa, el empresariado y la mafia.

Los medios de comunicación utilizan diferentes expresiones para definir este nuevo fenómeno criminal: bandas, P3, P4, juntas de negocios, etc.

Pero más allá de la variedad de términos y eventos, el elemento estructural constante es la presencia simultánea en cada una de estas estructuras criminales de políticos, funcionarios públicos, empresarios y comerciantes vinculados a la mafia, todos de acuerdo en utilizar la influencia política y administrativa junto a capitales legales y capitales ilegales de origen mafioso para enriquecerse en diversos ámbitos, distorsionando las reglas del mercado y de la administración pública.

Así que hoy ya no estamos en condiciones de determinar si la verdadera emergencia nacional está constituida por la mafia, por la corrupción o por una mezcla letal de ambas.

La corrupción se ha convertido en el caldo de cultivo de cualquier ilegalidad, incluidas las de tipo mafioso, debido a una serie de reformas y de leyes promulgadas en Italia en los últimos años que han contribuido a aumentar el grado de impunidad en este ámbito.

Se trata de leyes que han quitado a los jueces penales la posibilidad de controlar el mal uso del poder público, de leyes que han reducido los plazos de prescripción de muchos delitos de cuello blanco y que, por lo tanto, se declaran extinguidos antes de que se pueda lograr una sentencia definitiva de condena, e incluso de leyes que han perdonado las penas por delitos graves, incluido el delito de tráfico electoral político-mafioso previsto en el Artículo 616 de Código Penal.

Además, el Estado italiano no ha puesto en marcha la Convención del Consejo de Europa sobre la corrupción después de haberla firmado en 1999. Por tal motivo muchos comportamientos ilegales, como el tráfico de influencias, no son objeto de persecución penal.

También hay que señalar que se aprobaron leyes que han permitido la regularización fiscal (N.deT: blanqueo) de capitales de origen ilegal exportados al extranjero con garantías de anonimato y de secreto, para evitar que los jueces y las fuerzas policiales puedan determinar si alguno esos capitales así regularizados eran también capitales mafiosos.

Por último, la candidatura al Parlamento y la designación para importantes cargos de gobierno de personajes ya condenados o investigados por corrupción o por delitos mafiosos constituye un hecho gravemente desmoralizador que, sin duda, no ayuda al crecimiento de la cultura de la legalidad en la sociedad civil.

Como suelde decirse en Francia, los niños no se educan con palabras, sino con el ejemplo. Lo mismo vale en la relación entre gobernantes y gobernados. Es difícil pretender en los gobernados una tasa de moralidad pública superior a la de los gobernantes.

Por lo tanto, si no se pone freno a la corrupción, la guerra contra la mafia está perdida antes de empezar y la detención de cientos de miembros de la mafia y la confiscación de grandes propiedades sólo cumplirá una mera función de contención.

Sería un error creer que los fenómenos que he descrito pertenecen sólo a la realidad italiana.

En Italia estos fenómenos salieron a la luz porque, gracias a la Constitución de 1948, hay un poder judicial que ahora goza de independencia y de autonomía con respecto al poder político y que, además, puede contar con una policía altamente profesional y herramientas de investigación muy penetrantes como las interceptaciones.

En otros países donde estas condiciones no existen, totalmente o en parte, el mismo fenómeno se propaga de una manera oculta.

Por ejemplo ahora se reconoce universalmente que el capitalismo soviético es un capitalismo mafioso en un porcentaje que equivale a entre sesenta y setenta por ciento.

De hecho, fuentes del gobierno ruso afirman que alrededor del 40% de las empresas privadas, el 60% del Estado, el 85% de los bancos rusos y el 70% de las actividades comerciales están sujetos a infiltraciones o bajo la influencia de organizaciones criminales, y que casi todas las empresas comerciales en las principales ciudades están controladas directa o indirectamente por los grupos delictivos.

Y con las últimas elecciones esta situación ha empeorado.

Muchos mafiosos se han convertido en asistentes parlamentarios, previo pago de una suma de dinero. Y ahora, en Rusia, los 450 diputados de la Duma tienen unos quince mil asistentes, algunos de los cuales han sido asesinados a causa de los conflictos entre los grupos criminales locales.

Ahora la mafia rusa se sienta en el corazón de las finanzas internacionales y se ha convertido en uno de los componentes estructurales del capitalismo global, de un nuevo poder privado capaz de influir en el orden económico y geopolítico internacional.

La compenetración entre el capitalismo legal y el capitalismo mafioso, así como el crecimiento turbulento de la estructura criminal también es una trágica realidad en algunos países europeos nacidos a partir del colapso del imperio soviético, en los que la fusión entre los representantes de la «nomenklatura» y las mafias en el poder es tan fuerte que algunos estudiosos para definir a estos países utilizan los términos «regímenes criminocráticos« y «Estados de la mafia».

Situaciones similares se encuentran en varios países de África y de América Latina.

Por último, en el corazón de Europa el blanqueo de los capitales mafiosos que se invierten en los más diversos sectoreses un fenómeno creciente y el riesgo de una invisible colonización económico-mafiosa en áreas cada vez mayores del territorio europeo no debe subestimarse.

La lección que cabe extraer de la propagación de las mafias en las regiones del norte de Italia que se consideraban inmunizadas, es una señal de alarma que no sólo suena en Italia, sino también en toda Europa, especialmente en un período histórico como el actual, en el que la hegemonía mundial de un turbo-capitalismo mundial, refractario a todas las reglas y controles, ha creado grandes áreas de anomia y desregulación que constituyen un terreno fértil para la expansión tanto de la denominada «economía canalla» como de la economía mafiosa.

Todas las razones mencionadas ayudan a entender por qué, como he mencionado antes, la acción penal es sólo una parte de una estrategia de defensa y respuesta contra la economía criminal que, para ser eficaz, debe pasar a un nivel global y sistémico

El espacio de este informe no me permite referirme a esta cuestión esencial que requiere un desarrollo articulado y de extrema complejidad.

Me limitaré a mencionar un solo ejemplo entre muchos.

La construcción progresiva de un derecho penal comunitario contra la delincuencia organizada internacional, que prevea un listado homogéneo de delitos, de instrumentos de investigación y de incautación de bienes, es un objetivo clave a mediano plazo.

Pero este objetivo es probable que sea totalmente inútil si dentro de los países no existen, o no se mantienen vigentes,normativas estatales que garanticen la independencia y la autonomía de los jueces y fiscales ante el peligro de condicionamientos por parte de centros de poder externos.

Los tribunales italianos no habrían podido lograr resultados significativos contra la mafia y la corrupción concretados en las últimas dos décadas, si su independencia no estuviera garantizada por la Constitución de 1948 aprobada después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del fascismo.

Son muchos los jueces italianos, entre ellos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia con sus guardaespaldas en 1992, que han debido sufrir graves ataques del mundo político porque con sus investigaciones ponían en peligro los intereses de las estructuras criminales que actuaban en diversas partes del país, o por parte de hombres muy poderosos.

En los últimos años los ataques contra la justicia italiana se han vuelto cada vez más violentos y prepotentes.

Están en el orden del día una serie de proyectos de ley que proponen enmiendas a la Constitución y a las leyes ordinarias, pero con una sustancia constitucional, que pretenden llevar al poder judicial bajo el control del poder político y a quitar al ministerio público la posibilidad de investigar delitos, reservando esta facultad sólo a las fuerzas policiales subordinadas jerárquicamente al poder ejecutivo y, por lo tanto, al poder político.

También están en discusión proyectos de ley que pretenden limitar la utilización de instrumentos de investigación esenciales como las escuchas telefónicas.

Teniendo en cuenta la compleja realidad que hemos descrito, es comprensible que las reformas de esta naturaleza no se limitarían a afectar únicamente a algunas estructuras internas de la legislación italiana, sino que podrían llevar a una severa reducción de la capacidad global de respuesta del Estado italiano en su lucha contra la corrupción, contra las estructuras criminales, contra los líderes mafiosos y contra el crimen con fines de lucro, creando en el corazón de Europa un peligroso foco de infección.

Nota del traductor:

(1) La 'Ndrangheta es una organización criminal de Italia cuya zona de actuación predominante es Calabria. A pesar de que no es tan conocida internacionalmente como la Cosa Nostra siciliana y de que se considera más rural en comparación con la Camorra napolitana o la Sacra Corona Unita de Apulia, la 'Ndrangheta se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia desde los años 90. Aunque en ocasiones se la asocia incorrectamente a la mafia siciliana, la 'Ndrangheta opera de modo independiente de los sicilianos, si bien existen contactos entre ambas dada la proximidad geográfica entre Calabria y Sicilia.

Fuente: Antimafia Duemila - I nuovi volti del capitalismo mafioso

KAOSENLARED.NET -- Las nuevas caras del capitalismo mafioso